Lo que distingue al modelo neoliberal, modelo no solo económico, sino también político, es la coerción de legalidad ilegítima que utiliza el Estado Neoliberal para imponer la privatización de la totalidad de los sectores económicos en beneficio de una minoría capitalista de tendencia monopólica y transnacional. Protege la reproducción, ampliación y concentración del capital en mayor o menor medida, dependiendo de la mayor o menor violencia que utiliza para imponer el modelo y de la mayor o menor resistencia de los pueblos sobre los que se impone. Establece violentamente la primacía creciente del capital sobre el trabajo. El gasto militar creciente de los imperios, principalmente el de EEUU, es una prueba irrefutable del carácter coercitivo del neoliberalismo. Pero, al mismo tiempo, el signo de su agotamiento histórico, de su decadencia, de su inminente final.
La sociedad chilena ha dado pasos agigantados en adquirir la conciencia social de esta realidad y ha comenzado a hacer notorio el desarrollo de las condiciones subjetivas que acompañan a todo cambio social. Ya no se trata sólo de una reacción espontánea frente a la injusticia, sino de la disposición consciente de actuar organizadamente para provocar el cambio profundo que requiere la sociedad chilena dado el actual nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que se ha incrementado principalmente gracias al desarrollo de la potencia de los actuales instrumentos de producción proporcionados por el desarrollo de las ciencias. A esta lúcida disposición la derecha chilena le llama intransigencia.
Lo que se percibe claramente es la infinita capacidad alcanzada por la humanidad para crecer en la producción de bienes y servicios gracias a la alta productividad de la combinación tecnología-mano de obra y la aparentemente paradojal imposibilidad de llegar con estos bienes a todos los seres humanos. Mientras unos despilfarran y se sumergen en el consumismo llegando al extremo de acaparar y botar alimentos, medicamentos, vestuario y otros bienes, millones mueren de hambre, enfermedades curables y frío en África, América Latina y otros rincones del mundo.
Lo que también se percibe claramente es la imposibilidad de evitar las crisis estructurales especulativas y de sobreproducción originadas por la contradicción intrínseca al capitalismo: “creciente ganancia temporal y cíclica capitalista versus creciente pauperización y exclusión de los consumidores y su impacto negativo en la estabilidad, la convivencia, la salud mental, la paz social y la decreciente tasa de ganancia global”.
Podríamos decir que muchos MARX han nacido en esta época en Chile, en respuesta de la naturaleza misma a los intentos de matarlo en reiteradas generaciones por parte de aquellos que se han quedado atrás en la comprensión de la realidad y el desarrollo social, defendiendo intereses individuales y corporativos dogmáticos.
La exigencia de fondo es el cambio en las relaciones sociales y de producción que se reflejan de modo simbólico en la superestructura legal: la constitución política y las leyes que la detallan, particularmente en el sistema legal escrito (no anglosajón).
El actual movimiento por la educación es una muestra simple y por lo tanto bella de tal constatación. Lo que falta por hacer es delinear claramente la estrategia que incluye objetivos y programas de gobierno, formas de organización, formas de lucha y de alianzas que deben establecerse en base a los principios derivados de la nueva forma política y económica que garantizará el respeto por los derechos humanos: “la verdadera participación social consciente y la justicia distributiva, basada en el trabajo”. Eso sí que con perspectivas comunitarias, de igualdad, que permitan que aquellos que menos aportan con su trabajo en las actuales condiciones, puedan aportar más en el siguiente ciclo productivo social, mediante la realización social de las condiciones necesarias para que ello ocurra.
La educación, es a todas luces uno de los condicionantes para el aporte en el trabajo de la sociedad y sus individuos. Es por esto que se reclama la gratuidad individual y el financiamiento social. Es por esto que se exige la garantía y la producción estatal, como signo de un estado distinto al neoliberal. Es por esto que se exigen cambios constitucionales y garantías financieras que pasan por que el nuevo Estado disponga de ingresos provenientes de las riquezas básicas y la capacidad productiva particular (mediante impuestos a las empresas capitalistas) que en teoría y en un sentido realista deben ser propiedad de la sociedad en su conjunto. Es por esto también que se exige la autonomía de los gobiernos de turno, la pluralidad y la máxima cobertura y calidad.
Pretender que la crisis de la educación es responsabilidad de los maestros es propio de quienes no quiere asumir su propia responsabilidad histórica en imponer el modelo neoliberal vigente fracasado en todos los frentes, particularmente en Eduación y Salud, impsición hecha a sangre y fuego, con “la mano del gato militar”.
Las pugnas de la derecha en el gobierno son las mismas de los sectores dominantes del imperio de EEUU, que discuten si su modelo a exportar lo imponen por la fuerza explícita y coercitiva o por la búsqueda de la ignorancia y la manipulación social. La violencia premeditada de unos y la aparente ingenuidad de los otros serán frenos a la inminente revolución social que se avecina, frenos que debemos vencer con inteligencia y sagacidad, ya que el sector social que hoy sustenta el modelo agotado ha decidido desafiar los equilibrios ecológicos naturales incluso, que hoy producen grandes catástrofes perfectamente prevenibles, así como amenazar con el “infierno en la tierra” si los pueblos deciden luchar contra su régimen de crímenes y privilegios. A eso llegó la UDI al gabinete y a eso se está aproximando Larraín con sus descalificativos de “inútiles y subversivos” respecto de quienes sostenemos la necesidad de los cambios políticos profundos. Lo mismo hacen fanáticos fundamentalistas con amenazas directas a la vida de los dirigentes, con infiltraciones provocadoras en las movilizaciones, con represión indebida y criminal.
El 24 y 25 de agosto de 2011 deben transformarse en el inicio de la recuperación histórica del movimiento progresista chileno del camino trazado por el gobierno popular y seguido por los gobiernos de los pueblos hermanos de América Latina, que avance a la conquista de un Estado y un gobierno de nuevo tipo, a la conformación de una Asamblea Constituyente elegida y una Nueva Constitución que coronen su construcción y que avance a la construcción de la Gran Patria Latinoamericana que soñaron y por la que lucharon Simón Bolívar y los verdaderos padres de nuestra patria chilena.
Algunos párrafos destacados de la propuesta educacional del movimiento político social que la sustenta.
“La Educación debe ser establecida como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo de formación. El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de auto determinarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.
La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica de adoctrinamiento.
La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social
La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica. En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura
La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media. Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar un titulo de educación superior”.
A continuación publicamos las bases para un acuerdo social por la educación Chilena.
BASES PARA UN ACUERDO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN CHILENA
El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado. Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la REFORMA INTEGRAL DE LAEDUCACION CHILENA.
Hoy queremos emplazar a los actores políticos del país, y en particular a los representantes del Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma.
Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo de formación. .El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de auto determinarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.
La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica de adoctrinamiento.
La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social
La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica. En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social. Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.
EJES FUNDAMENTALES
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales:
I.- La Reforma Constitucional
.La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media. Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar un titulo de educación superior.
II.- Educación Escolar
La Educación Escolar contempla tanto la educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional. En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:
A-. La Des municipalización de la Educación
.Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar. La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.
B-. Nuevo Sistema de Financiamiento.
El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.
C-. Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad.
Debe avanzarse en una nueva ley de carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación. Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores.
D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionados
La suspensión inmediata de la creación de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos establecimientos y hasta que se encuentre operando la nueva institucionalidad escolar vinculada a: la superintendencia de educación, la agencia de la calidad de la educación, la nueva estructura publica de administración de la educacional y, se haya implementado las correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.
E.- Transporte Escolar
Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes, especialmente en regiones, durante los 365 días del año.
F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar
Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y sanidad.
G.- Educación Politécnica o Técnico Profesional
En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entre ambas. La educación técnico –profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades. Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.
H.- Democratización
Democratizar los espacios de participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias. También, y a través de Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.
III.- EDUCACION SUPERIOR
La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional. Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que:-la Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordada con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.-El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.-El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias el costo de esta.
A.- Educación Universitaria
1.- Financiamiento Institucional
a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas, que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones.
b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del CRUCH, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.
c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:
• Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH)
• Condición Regional
• Composición socio-económica de sus estudiantes
• Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)
2.- Nuevos Sistemas de Accesos: Más Equitativo y que Garantice Igualdad de Oportunidades.
Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del CRUCH cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas. Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluar de manera transparente su pertinencia. Avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación. Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.
3.- Nuevos Sistema de Becas y Financiamiento Estudiantil
a) Se promoverá una reestructuración integral del sistema de becas, ayudas estudiantiles (en sus montos, cobertura y condiciones de postulación) y créditos poniendo fin a los insostenibles niveles de endeudamiento de las familias. Para este efecto se propone: Con el fin de avanzar hacia la gratuidad, se debe promover un sistema de becas que cubran a todos los alumnos y alumnas provenientes de familias del 70% de menores ingresos. De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a los estudiantes pertenecientes al 70% de menores ingresos del país. Finalmente se debe crear un sistema único de Fondo Solidario para todos los y las estudiantes pertenecientes al 30% de las familias de mayores ingresos que ingresen a instituciones que en la práctica no lucren, eliminando a su vez, el CAE y a la banca en el sistema financiero.
b) El financiamiento estudiantil será de asignación exclusiva de las Universidades estatales y las Universidades que cumplan con una estricta regulación por parte del Estado.
c) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:
• Acreditación Institucional, en todas las categorías.
• Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión..
• Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles.
• Transparencia total del uso de sus recursos financieros.
• Ausencia total de fines de lucro.
d) Todas las Universidades se deberán someter a una revisión completa de los montos arancelarios de sus planes de estudio, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una fórmula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación. Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.
4.- Nueva Institucionalidad
a) Creación de Superintendencia de Educación Superior
Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior. Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior. Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos, gastos y vínculos contractuales.
b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación
Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema de acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.
5.- Democratización
El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución. Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 MINEDUC, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de educación superior.
6.- Derechos Educativos de los Pueblos Originarios
Avanzar en un sistema educacional más inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo. Para esto se propone:
1. Creación de una Universidad Estatal Intercultural
2. Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.
3. Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.
B.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales
El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país. Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo. Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica, gratuita y de calidad.
La salud también es un derecho humano y tal como en educación, pretender que cambios cosméticos favorezcan sólo a los trabajadores de la salud o a grupos corporativos especificos con la excusa del realismo político, a costa de postergar los cambios profundos necesarios que resuelvan, junto a las condiciones salariales, la crisis en la que los neoliberales han sumergido a la salud pública, sería un error estratégico y transaformaría en demagogia y oportunismo la consigna tu derecho es mi deber. Podría ser interpretado por la ciudadanía como pretender unos pocos pesos para sectores específicos a costa del bien común (¿mercenarios de la salud?). No me cabe duda que los profesionales de la salud en su gran mayoría, sino todos, con estudios UNIVERSITARIOS, no concebimos tamaño descrédito.
A lanzar nuestras BASES PARA UN ACUERDO SOCIAL POR LA SALUD CHILENA y a construir las alianzas y la movilización necesarias para su consecusión, colocando el acento (sin abandonar la crítica constructiva) en lo que hoy nos une y no en lo que ayer nos dividió.
Leonardo Beltrán Castro.
